El
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales propuesto por el
Gobierno de España ,bajo el pretexto de continuar con la trasposición de la
Directiva de Servicios de la U.E , requiere a petición de este ciudadano
Europeo la realización de diversas consideraciones por las Autoridades Europeas
al Gobierno del Reino de España.
Dicho
anteproyecto crea en determinadas profesiones confusión a los consumidores y
usuarios al permitir el doble ejercicio Profesional a determinados colectivos
como el de Abogados y el de Procuradores de los Tribunales y no estableciendo una reserva de actividad para
profesiones concretas que han tenido un respaldo social e institucional por
Jueces y Magistrados y demostrando su eficiencia durante siglos.
El
citado anteproyecto al desregularizar determinadas profesiones, que de facto
ejercían actividades de función pública, como los Procuradores ,con el respaldo
de los usos consuetudinarios en la Administración de Justicia , e incluso con
determinado respaldo legal procesal ,no permite crear una mayor competitividad
en el mercado ,antes bien crea una inseguridad jurídica a consumidores y
usuarios al dejar al mercado la determinación del precio en lo que era antes un
cierto y conocido precio público por el usuario que recibía el servicio.
Por
otro lado el Anteproyecto mencionado facilita las situaciones de abuso de posición
dominante de grandes corporaciones sobre los profesionales que ejercen
actividades de servicios relacionadas con Derechos fundamentales de los
ciudadanos ,como son los de defensa y representación jurídica de consumidores y
usuarios ante los Tribunales , ya que
quien produce reclamaciones en masa ante los Tribunales, como son la entidades
financieras, están en posición de imponer sus precios por esos servicios,
frente al usuario que no produce reclamaciones en masa ante la Justicia y que
solo precisa de los servicios de defensa y representación legal muy
puntualmente. Esto previsiblemente producirá un fenómeno de precarización de los pequeños
profesionales liberales y una evidente
desigualdad de unos consumidores y usuarios de los servicios de Defensa y
Representación ante la Justicia respecto a otros consumidores y usuarios que
producen ante ella reclamaciones en masa.
La desregulación de determinados precios
públicos en algunas de estas profesiones ,como los Procuradores , por otro lado
puede producir una inflación de precios de los servicios sobre los consumidores
y usuarios que no ostentan posiciones
dominantes para imponer sus precios , al dejar de cumplir aquellos ,como
precios públicos , por su escasa cuantía económica, una función social moderadora
y de seguridad jurídica en actividades
relacionadas con la representación de los
derechos de los ciudadanos ante
los Tribunales .
La
amplia desregulación de los Colegios Profesionales contemplada en el
anteproyecto aludido ,lejos de facilitar
las potenciación de la sociedad civil intermedia en el Estado y liberalizar
las estructuras de aquellos haciéndolas
más diáfanas, las hace más débiles e inoperantes al limitar su capacidad financiera necesaria
para poder otorgar prestaciones técnicas
de calidad a sus colegiados ,
prestaciones tales como la formación continuada.
Por
todo ello pido a las Autoridades de la Unión que apelen al Gobierno del Reino
de España a la consideración de todas estas cuestiones, que van más allá del
cumplimiento de los trámites legislativos, por lo que suponen todo un proyecto
de ingeniería social y económica bajo el pretexto de la competitividad y la
trasparencia de los mercados y excusándose en un mandato Europeo.
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