Cuando
Edward Freeman definió los stakeholders hacia 1984 en su obra -Strategic Management: A Stakeholders Approach- como ”Aquellos públicos
a los que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa”,
yo habría modestamente añadido , “Son aquellos grupos de públicos a los que pueden afectar o son
afectados por las actividades de una empresa o por las actividades de un ejercicio profesional”
El
anteproyecto Español de ley de servicios pretende introducir, con el pretexto
de cumplir los requerimientos Europeos en materia de servicios y bajo la simulación de aumentar la competencia en el mercado en defensa de consumidores y usuarios ,un
alineamiento con los intereses de grupos de presión económicos ,permitiéndoles
en definitiva imponer sus pretensiones desde lo que ha sido la mirada
indiferente del Tribunal de Defensa de la Competencia Español hacia prácticas
de abuso de posición dominante de aquellos oligopolios.
El
lenguaje puede parecer sacado de un libro del siglo XlX , pero situaciones
similares se reproducen en el siglo XXl.
A
la ciudadanía ,si se le cuenta que para
acceder a una profesión liberal no van a exigirse especiales requerimientos,
que los precios de las actividades profesionales van a estar determinados por un mercado libre y competitivo, que solo
las actividades de interés público van a estar sometidas a reserva de actividad
, que el ejercicio de una actividad profesional puede ejercerse sin necesidad
de una regulación pormenorizada, y que en los Colegios Profesionales se va a profundizar
en su democratización; la ciudadanía compra el mensaje. El problema es lo que
subyace en él y a los intereses reales a los que sirve.
La
compra del mensaje se alienta ante algunas situaciones en las que determinadas actividades profesionales se realizaban con oscurantismo, las corporaciones
profesionales eran de hecho cortijos caciquiles con sistemas de participación
endogámicos, donde los consumidores y usuarios se perdían en reclamaciones a
los órganos de gobierno en exigencia de explicaciones sobre el uso de códigos de buenas prácticas por
los colegiados. Aquellos polvos, pese a la producción legislativa de
los últimos años, tratando de poner orden en
todo esto, ha traído el lodo del anteproyecto Español de ley de
servicios y colegios profesionales. No la coartada de directiva Europea alguna
para su trasposición en la forma que se
pretende.
Dicho
anteproyecto va a convertir a toda la sociedad Española en un inmenso stakeholder en el que nadie va a escapar de
verse afectado profunda y negativamente por las decisiones a las que se van a
ver abocados a tomar numerosos colectivos que prestan servicios profesionales y
que tienen una profunda incidencia social y económica. Esto no es una
cuestión de corporativismo defensivo, si
no, al tiempo.
Las
clases medias profesionales van a caer en manos de los oligopolios que campan
en nuestro país. Ellos impondrán más impunemente sus precios en el mercado,
como vienen haciendo en muchos casos. Como muestra valga el que la Organización
de Consumidores y Usuarios, que ha reunido a más de 400 mil consumidores de
energía eléctrica y ha tratado de subastar a la baja los contratos de
suministro eléctrico al mejor postor, solo parece que ha conseguido, de
momento, algún comentario displicente de las grandes eléctricas.
El
estado del bienestar y la protección de derechos constitucionales tan elementales como el
derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pudiendo contratar
una defensa ante los Tribunales en las mismas condiciones que los más poderosos,
o los de prestaciones de servicios
sanitarios y de educación, cuando estos no son públicos, exigen también que algunas de estas
actividades, precisamente por su especial incidencia e interés social, estén
reguladas y no pueda dejarse ello al albur del mercado. Un medicamento en la farmacia,
una prestación sanitaria en un seguro privado, la defensa de un derecho ante
los Tribunales, la gestión procesal de un pleito, la educación no gratuita, no
pueden dejarse a la exclusiva merced de la oferta y demanda por el mero hecho
de ser actividades no prestadas en exclusiva por el estado, so pena de que la
calidad de las mismas se resienta profundamente y originen grandes disfunciones
para los usuarios y para los prestadores del servicio.
Valga
un ejemplo. A un banco le va a ser más económico contratar a un Abogado para defender sus
intereses que al ciudadano que quiera
contratar a otro Abogado para defender los suyos frente a ese Banco. La entidad produce pleitos en masa
y puede imponer un precio al profesional, si quiere trabajar con el Banco, el
otro ciudadano, si no es acreedor de justicia gratuita, habrá de pagar lo que el mercado establezca. Al final , el
resultado, es la desigualdad de unos respecto a otros en aspectos que afectan a
derechos tan elementales como los relacionados con la Justicia. Cuestión esta, ajena
al igualitarismo y no a la igualdad, y que en nada contradice con aquellas diferencias que nacen del mérito,
la capacidad, la innovación y el emprendimiento.
Algunas
Profesiones como las de Procurador de los Tribunales y Abogado se quieren
mezclar y acabar con las reservas de
actividad para cada una de ellas. Es algo así como si a un Juez le
permitiéramos un día ponerse el traje de Fiscal y al siguiente el de Juez, o a un Notario un día de Registrador y el
siguiente de Notario o a un Farmacéutico un día de Farmacéutico y al otro de
Químico. Indudablemente este burdo ejemplo solo pretende hacer notar que muchas
Profesiones son diferentes, aunque tengan
elementos de conocimiento y praxis comunes, incluso actividades con
similitudes. No por ello vamos al veterinario a que nos cure una herida, aunque
sin duda sabría hacerlo. Si una profesión está vacía de contenido desaparece,
pero cuestión diferente es que la actividad que
se realiza en una profesión sea indiferente que la
realice otra. Si hablamos de funciones, quizá las del ministro de economía las podría
realizar el de hacienda y viceversa, o ya puestos ,quitamos uno y que el otro
haga las dos funciones. Esto lo entiende un niño.
Estado
social de derecho, economía de mercado y competitividad son conceptos no
reñidos, si lo que subyace con ciertas reformas, en nombre de aquello, no es
simplemente crear un sistema en el que a
los oligopolios, los propios y los ajenos,
se les tenga calmados en nombre de determinadas libertades
económicas o por ciertas dependencias de ellos, y a cambio precarizar a numerosos sectores de una sociedad bajo la excusa de dinamizarla.
Sin la menor duda , no toda empresa grande, fuerte
en el mercado y rentable , que en
definitiva cumple un fin económico y social se identifica por ello como parte de un oligopolio , lo que no obstaría
para tomar medidas si actuaran de hecho como
tales oligopolios o si se constatara por
su forma de interactuar que hacen gentlemman’s agreements por debajo de la mesa.
El cercenar la libertad y regular todo a nadie le gusta, pero dejar a la
intemperie del mercado desregulando determinadas actividades puede tener un
efecto negativo boomerang contra quien lo lanzó, además de dar pie a cierta
“impunidad en las prácticas y usos comerciales ” de unos pocos consumidores
masivos de servicios ,frente a la mayoría de los consumidores y usuarios.
Al
final, si el anteproyecto no se modifica profundamente, la sociedad, toda la
sociedad, se va a convertir en un
stakeholder en el que el ejercicio de numerosas actividades
profesionales va a repercutir negativamente en ella al disminuir el consumo por
la precarización de más población, aumentado las listas de parados con los
empleados relacionados y dependientes de muchas
profesiones afectadas por el anteproyecto. Esto, reduciría los ansiados
ingresos fiscales para sostener a un estado que da la sensación ,en muchas
ocasiones, que duda de si mismo. A su vez , la presión desmedida de los
consumidores más fuertes ,a la postre, podrá provocar temporalmente efectos
dumping en los precios de determinados servicios prestados a sectores puntuales
como el de seguros, con el efecto de
baja de calidad del servicio para sus usuarios. Por el contrario ,el
anteproyecto, lejos de conseguir un mercado más competitivo, diáfano y
autoregulado ,en el que los jóvenes
encuentren trabajo , existe el riesgo de que muchos jóvenes profesionales ,sin posibilidad de
resistencia económica ante la presión de un mercado mediatizado de facto por
los abusos de posición dominante de grandes consumidores , se produzca un
ajuste en el tamaño de ciertas profesiones y por ende en su oferta de servicios ,corriendo el peligro ,eventualmente,
de una inflación de precios en las actividades
de esas profesiones que se desregularan.
Pese a todo ello seguiremos sosteniendo a los
oligopolios en un “mercado con la impunidad de los grandes” para que no nos
“monten” un caos sistémico, dejándonos sin luz, sin gas, sin gasolina, sin crédito,
sin teléfono, sin medicamentos, y sin vida;pero aún así el Tribunal
de Defensa de la Competencia y el Ministro del ramo sobrevivirán.
