Parece que esta semana se van a producir huelgas de Jueces y Funcionarios de Justicia previamente anunciadas.
Posicionarse desde este editorial sobre la razón o sin razón de estas es en cualquier sentido que uno se posicione políticamente incorrecto.
Lo es porque comprender y justificar la misma ante la situación de “la cosa Judicial” y sus Asociaciones , es situarse frente a lo que instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, a través de su portavoz a la cadena SER decía ,en resumen, el pasado domingo: El Consejo no se manifiesta sobre la posible ilegalidad de la huelga de los Jueces , porque no hay legislación prevista para el supuesto, aunque si es contrario a ella. Más contundente ha sido el Ministerio de Justicia con esta cuestión que se ha pronunciado contra la posibilidad de huelga de un poder del Estado.
Respecto a los Funcionarios de Justicia no Jueces, es otro cantar, porque no son el poder Judicial del Estado, ahí están los Sindicatos con posturas “de no se sabe qué” ante la crisis y el paro que tenemos, pero en su caso existe un marco legal definido para el ejercicio del Derecho de huelga.
A un ciudadano no relacionado con “la cosa Judicial y la Administración de Justicia”la huelga de unos y otros no la entiende, por no emplear otros términos, pues simplificando la cuestión, no acierta a comprender que quien tiene un empleo “vitalicio” y una remuneración “asegurada” todos los meses, por mal que esté su situación laboral en estos momentos haga huelga por razón diferente a pedir trabajo con “la que está cayendo”.Al menos eso es lo que manifiestan en los programas de radio.
Sin embargo hay un hecho incontrovertido: El ingente número de procedimientos en los Juzgados , la judicialización de las reclamaciones económicas y de las insolvencias creciendo exponencialmente , las disfunciones del sistema , sus escaseces, las incompatibilidades de los sistemas informáticos de Justicia de las diferentes Comunidades Autónomas y la incapacidad demostrada de los políticos para poner orden en esto , pese a un pacto de Estado por la Justicia, unido a los casos judiciales presentados en los “reality show televisivos” han estallado todos juntos en un momento de déficit público galopante y de crisis generalizada. Lo que hace "comprender la huelga "histórico institucional no laboral"de los Jueces, aunque sea a título individual su ejercicio.
Despachar la situación con un pronunciarse a favor o en contra de estas huelgas es una simplificación ante la situación descrita y el histórico momento que estamos viviendo. Sin embargo no parece una simplificación, para este editor, afirmar la inoportunidad del momento elegido para ellas, ni afirmar la percepción ciudadana del desbordamiento político que todo esto ha creado en el Ministerio de Justicia pese a los intentos de negociación.
Posicionarse desde este editorial sobre la razón o sin razón de estas es en cualquier sentido que uno se posicione políticamente incorrecto.
Lo es porque comprender y justificar la misma ante la situación de “la cosa Judicial” y sus Asociaciones , es situarse frente a lo que instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, a través de su portavoz a la cadena SER decía ,en resumen, el pasado domingo: El Consejo no se manifiesta sobre la posible ilegalidad de la huelga de los Jueces , porque no hay legislación prevista para el supuesto, aunque si es contrario a ella. Más contundente ha sido el Ministerio de Justicia con esta cuestión que se ha pronunciado contra la posibilidad de huelga de un poder del Estado.
Respecto a los Funcionarios de Justicia no Jueces, es otro cantar, porque no son el poder Judicial del Estado, ahí están los Sindicatos con posturas “de no se sabe qué” ante la crisis y el paro que tenemos, pero en su caso existe un marco legal definido para el ejercicio del Derecho de huelga.
A un ciudadano no relacionado con “la cosa Judicial y la Administración de Justicia”la huelga de unos y otros no la entiende, por no emplear otros términos, pues simplificando la cuestión, no acierta a comprender que quien tiene un empleo “vitalicio” y una remuneración “asegurada” todos los meses, por mal que esté su situación laboral en estos momentos haga huelga por razón diferente a pedir trabajo con “la que está cayendo”.Al menos eso es lo que manifiestan en los programas de radio.
Sin embargo hay un hecho incontrovertido: El ingente número de procedimientos en los Juzgados , la judicialización de las reclamaciones económicas y de las insolvencias creciendo exponencialmente , las disfunciones del sistema , sus escaseces, las incompatibilidades de los sistemas informáticos de Justicia de las diferentes Comunidades Autónomas y la incapacidad demostrada de los políticos para poner orden en esto , pese a un pacto de Estado por la Justicia, unido a los casos judiciales presentados en los “reality show televisivos” han estallado todos juntos en un momento de déficit público galopante y de crisis generalizada. Lo que hace "comprender la huelga "histórico institucional no laboral"de los Jueces, aunque sea a título individual su ejercicio.
Despachar la situación con un pronunciarse a favor o en contra de estas huelgas es una simplificación ante la situación descrita y el histórico momento que estamos viviendo. Sin embargo no parece una simplificación, para este editor, afirmar la inoportunidad del momento elegido para ellas, ni afirmar la percepción ciudadana del desbordamiento político que todo esto ha creado en el Ministerio de Justicia pese a los intentos de negociación.
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